El proceso de extradición pasiva comienza cuando el país que solicita la entrega del individuo presenta una solicitud formal al país donde se encuentra.
Si la extradición hubiere sido solicitada por varios Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, se decidirá sobre aquélla por el Gobierno y en su caso la entrega del reclamado, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, especialmente, la existencia o no de Tratado, la gravedad relativa y lugar de la comisión del delito, fechas de las respectivas solicitudes, nacionalidad de la persona reclamada y posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado.
Cuando el reclamado sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y tenga residencia habitual en España.
Guatemala hasta el 2020 ya había mandado 45 personas a EE UU para ser juzgados por su relación y participación en el tráfico de drogas.
La extradición es un proceso legal complejo que implica la entrega de un fugitivo de un país a otro para ser juzgado por un delito cometido en el país receptor. Este proceso se aplica en el caso de que el delito en cuestión sea considerado un delito en ambos países involucrados.
Para que pueda darse, es necesario que se cumplan una serie de requisitos. El primero de ellos es que debe haber reciprocidad entre ambos Estados implicados, es decir, que exista un acuerdo que permita la extradición de un país a otro, y viceversa.
Estos recursos pueden ser presentados por el abogado de la persona solicitada o por la propia persona si se encuentra en libertad.
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Si la entrega del individuo reclamado no puede efectuarse, se procederá a la de dichos documentos, efectos y dinero, quedando a salvo, en todo caso, los derechos que pudieran corresponder sobre los mismos a otros interesados. El lugar y fecha fijados para la entrega serán comunicados asimismo al Tribunal que entendió de la solicitud.
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En el caso de la extradición pasiva, es el país donde se encuentra el individuo el que toma la iniciativa y presenta la solicitud de extradición.
Tampoco se concederá la extradición cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de excepción o cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona extraditada no será ejecutada o sometida a tratos inhumanos o degradantes. Asimismo, se denegará la extradición cuando el reclamado tenga la condición de asilado.
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En ese caso, el país solicitante puede recurrir a organismos internacionales para resolver el conflicto.