El exministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, es buscado por la justicia británica por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con la compra de materials antidisturbios.
El nacional condenado en el extranjero o su representante pueden solicitar su traslado ante las autoridades del Estado de condena, ante el Consulado peruano más cercano a su lugar de detención o ante la Fiscalía de la Nación.
El fiscal o el agraviado puede requerir al juez que conoce del proceso penal la extradición de una persona procesada o condenada que se encuentre en otro Estado.
Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente Ley, excepto en lo expresamente previsto en los Tratados en los que España sea parte.
Si el Gobierno acordare la continuación del procedimiento en vía judicial remitirá el expediente al Juzgado Central de Instrucción, y si el reclamado no estuviese en prisión, el Ministerio de Justicia oficiará también al Ministerio del Inside para que se practique la detención, se redacte el oportuno atestado y en el plazo de veinticuatro horas siguientes se ponga al detenido, con los documentos, efectos o dinero que le hubieren sido ocupados, a disposición de la misma autoridad judicial.
La extradición es un proceso legal mediante el cual un país entrega a una persona acusada o condenada por un delito a otro país donde ha cometido un delito o ha sido condenado.
Estos recursos pueden ser presentados por el abogado de la persona solicitada o por la propia persona si se encuentra en libertad.
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No procede la extradición si el hecho materia del proceso no constituya delito tanto en el Estado requirente como en el Perú, y si en ambas legislaciones no tenga prevista una pena privativa de libertad igual o mayor a los dos años.
Una vez recibida la solicitud, el Ministerio de Justicia la remite al juez de instrucción competente, quien debe evaluar si los requisitos para la extradición se cumplen y si la solicitud cumple con los requisitos formales.
Luego, se lleva a cabo una audiencia en un tribunal italiano y se evalúa si se cumplen los requisitos legales y si hay garantías suficientes para proteger los derechos del acusado.
Si el juez considera que la solicitud es procedente, se notifica pop over here al Ministerio de Justicia, que a su vez remite la solicitud al Gobierno español.
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También retiene la facultad de indultar o conceder amnistía o redimir la pena a la persona condenada.